La imputación, en derecho procesal penal, es el señalamiento provisional y precario que indica que una persona en particular es sospechosa de haber cometido un delito, sin necesidad de que existan pruebas. En España el término "imputado" ha sido sustituido del lenguaje jurídico por "investigado",^[1]​ considerado más respetuoso con la presunción de inocencia al no relacionarse necesariamente con la culpabilidad.

Con diferencias según los países y los sistemas de investigación criminal, la imputación puede ser realizada por los particulares que denuncian un delito, la policía, los fiscales o el juez de investigación o garantía. La imputación se realiza antes que la persona imputada sea llevada a juicio, durante la etapa de investigación del delito (sumario). Por ello, desde el momento de la imputación, las autoridades deben extremar las garantías del debido proceso de la persona imputada, particularmente el derecho a no declarar contra sí misma y el derecho a la defensa. En muchas legislaciones las personas imputadas quedan relevadas de la obligación de decir la verdad y no pueden declarar como testigos.